jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
VECINOS/AS PIDEN LA DIMISIÓN DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del barrio del Perpetuo Socorro, en un comunicado, pide a la Consejera de Educación el cese inmeditado de la Directora Provincial ante los resultados del proceso de escolarización. Además, exigen el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por parte del Gobierno de Aragón. Según se explica “la escolarización en la ciudad de Huesca ha tenido unas consecuencias nefastas”, en concreto para ese barrio. Según se apunta: “el colegio está más segregado que ayer y está sumido en un callejón sin salida”
Desde la Asociación denuncian que hay un interés social y político en Huesca por mantener un barrio y un colegio segregados donde se concentra la población con más problemas de integración y menos recursos.
martes, 18 de abril de 2017
COMPARECENCIA EN LAS CORTES DE ARAGÓN.
Noelia Ferrer y Adela Laliena han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas exponiendo ante los parlamentarios su visión sobre “el reiterado incumplimiento de la legislación que regula el equilibrio del alumnado ACNEAE entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto el derecho a la educación en condiciones de igualdad”.
Ferrer y Laliena han denunciado que el centro sufre “segregación escolar desde hace años” y que el derecho a la igualdad “está siendo vulnerado”. “Nuestro centro es un centro es desventaja porque se están incumpliendo los artículos de la actual ley educativa que obligan a la administración a garantizar la equilibrada implantación de estos alumnos, por lo que pedimos que se establezca un adecuado mecanismo de distribución, pues esta situación está afectando a todos los alumnos del centro, a sus profesores y a todo el barrio, cuyos habitantes ven como su colegio no representa su composición poblacional”, ha expuesto Ferrer.
Las representantes de la Amypa han criticado “que se siga primando la libertad de elección de centro frente a la lucha por evitar la segregación”, y que a pesar de los “esfuerzos” de la comunidad educativa del Pío XII, las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón “no se adecuaban” a sus necesidades, “por lo que no tuvimos otro camino que el judicial”, en referencia al proceso que han llevado a cabo frente al Ejecutivo autonómico. Asimismo, han subrayado que los convenios firmados al respecto con los ayuntamientos “son importantes para identificar posibles familias cuyos hijos puedan necesitar apoyo educativo, pero los vemos insuficientes y consideramos que otros organismos deberían participar en ellos”.
ENLACE AL DOCUMENTO PRESENTADO
ENLACE AL DOCUMENTO PRESENTADO
lunes, 17 de abril de 2017
COMISION DE PETICIONES CIUDADANAS DE LAS CORTES.
La Asociación de Padres, Madres y Alumnos del CEIP Pío XII
de Huesca comparecerá en la Comisión con el fin de exponer el, a su
juicio, “reiterado incumplimiento de la legislación que regula el
equilibrio del alumnado ACNEAE (alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo) entre todos los centros escolares, vulnerando por tanto
el derecho a la educación en condiciones de igualdad”.
jueves, 13 de abril de 2017
VALORACIÓN FAPAR ESCOLARIZACIÓN 2017-2018
¿Por qué no se ha respetado como premisa fundamental la bajada de ratios en todos los centros?
¿Por qué se ofertan 100 plazas más de las que se necesitan según los datos actualizados del padrón?
¿Cómo es posible que varias zonas escolares oferten más plazas que número de nacidos y otras con mayor número de nacidos que las anteriores oferten menos plazas?
¿Por qué centros con porcentajes totales de acneaes más elevados que otros ofertan más plazas para ellos que otros centros con porcentajes menores?
¿Dónde queda con esto el respeto a la legislación vigente en materia de distribución equilibrada de alumnado acneae?
IES LUCAS MALLADA RECURRE LA ORDEN ESCOLARIZACIÓN
Argumentan que el texto incumple de forma reiterada la Ley Orgánica de Educación.
La
Junta de la Asociación de Madres y Padres del IES Lucas Mallada de
Huesca, en reunión celebrada el pasado día 5 de abril, acordó
presentar recurso de reposición contra la Orden ECD/357/2017, de 22
de marzo, de escolarización para las etapas de educación infantil,
primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato y que fue
publicada en el BOA de 31 de marzo.
Dicho
recurso se plantea ante el incumplimiento reiterado de la vigente Ley
Orgánica de Educación que obliga a las administraciones educativas
a regular los procedimientos de admisión para conseguir la
equilibrada distribución del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo (acneae) y que no se produce entre los centros de
nuestra ciudad.
Ya
en el año 2014, recuerdan desde la amypa, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoció el incumplimiento de
varios artículos de dicha Ley y condenó a la administración
educativa aragonesa a fijar la proporción concreta de este tipo de
alumnado a escolarizar en cada centro, en todas las etapas. Teniendo
en cuenta que en la orden recien publicada "no se recoge ninguna
regulación al respecto para la etapa de educación secundaria",
entienden desde la asociación que "la misma es nula".
Consideran que es su "obligación defender los derechos de nuestras hijas e
hijos". La propia Ley establece que debe fijarse esta proporción "con
el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión
social y la igualdad de oportunidades". En
consecuencia," no podemos mantenernos al margen de este reiterado
incumplimiento ya que los derechos de las familias que representamos
que resultan vulnerados son de la máxima relevancia".
domingo, 2 de abril de 2017
SOBRE LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
En nuestra opinión esta Orden solo se entiende
como una suerte de aspiración a sobrellevar con lo formal la falta
de ejecución material. No hace falta una Orden de ejecución de
sentencias sino que lo que hace falta es ejecutarlas- y que incluso
lleva a la pirueta de anular por Orden administrativa actos
administrativos que no habían sido recurridos ni anulados, para
mantener después -como no podía ser de otra manera- la matricula y
el itinerario educativo de los escolarizados en los años 2011/2012 y
2012/2013, desde entonces hasta la actualidad.
El Departamento crea y resuelve un “problema”,
que en ningún caso se había planteado. Las sentencias, tras anular
las órdenes de escolarización por vulnerar los arts. 84 y 87 LOE,
condenaban a futuro, sin que en ningún momento se derivara de las
mismas, ni se haya pedido por nuestra parte, que tres o cuatro años
después del ingreso en el sistema educativo del alumnado afectado se
volviese a iniciar un proceso de escolarización para los mismos.
En cualquier caso, y sin entrar en la
justificatoria parte expositiva de esta Orden lo más cercano a
entrar en la cuestión de fondo es el punto tercero de la misma:
“Tercero.-
Resolución de la convocatoria de escolarización para el curso
2017/2018
1. Los directores de los
servicios provinciales, a la vista de la matricula existente de cada
centro y en función de las nuevas adjudicaciones de admisión
resultantes del proceso de escolarización en el conjunto de las
enseñanzas referidas, certificarán que en todos los centros
educativos sostenidos con fondos públicos se respeta la proporción
concreta de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que
haya de escolarizarse de acuerdo con lo previamente determinado en la
Orden de convocatoria del proceso de escolarización para el curso
2017/2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el caso de que en
algún centro no se cumpliese la proporción señalada se adoptarán
las medidas para garantizar, antes de la adjudicación definitiva de
plazas, que todos los centros cumplen el porcentaje establecido en la
convocatoria anual, procediendo a realizar una nueva adjudicación de
plazas escolares si fuese preciso.
2. La publicación de
las adjudicaciones de los servicios provinciales en los tablones de
anuncios de los centros completará el procedimiento de ejecución de
las sentencias 574/2014 y 582/2014, de 28 de noviembre, del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón.”
En primer lugar,
los artículos
84 y 87 LOE y la exigencia de su cumplimiento derivada de las
sentencias, no pueden limitarse al curso 2017/2018 como reza este
punto tercero en su título y se refiere en los apartados 1 y 2 del
mismo, Los efectos de las sentencias -como el mandato de los
artículos 84 y 87 LOE- no se agotan en el curso 2017/2018. ¿O es
que cada curso escolar deberá volverse a adoptar una Orden de
ejecución de las sentencias? ¿O es que en sucesivos cursos el
mandato de las mismas de fijación de “proporción concreta” ya
no tiene valor?
Pero, además y sobre todo,
lo cierto es que tampoco ahí se fija la proporción, ni la
ineludible articulación de un sistema de detección previa de
ACNEAES, sino un simple mecanismo de garantía en el que se afirma
que en aquellos centros en que no se respete la innominada proporción
se adoptarán medidas,
“procediendo a realizar una nueva adjudicación de plazas si fuese
preciso.”
; eludiéndose la verdadera cuestión, como es, insistimos, la
fijación de la proporción en cada uno de los centros y los previos
mecanismos de detección de ACNEAES y las consecuencias en el proceso
de escolarización, de manera que se haya fijado con antelación el
número de plazas por centro ofertadas al alumnado ACNEAE. No se
trata de reaccionar “a posteriori”, que también si es necesario,
sino de articular los mecanismos que, una vez fijada la proporción,
impidan que se desvirtúe la regla y se perpetúen las situaciones de
desventaja y creación de guetos escolares.
La determinación de la
proporción se remite a la nueva Orden de escolarización, que vuelve
a fijar un porcentaje máximo, el 20 %, lo que, a nuestro parecer no
da cumplimiento puesto que si uno
de los centros educativos de una ciudad tiene, por ejemplo, un 19%,
otro un 12% y el resto un 6%, se cumplirá el porcentaje pero no la
distribución equilibrada ni, por supuesto, la educación en
igualdad. Sobre esta cuestión ya se pronunció el TSJA en Auto de
ejecución de 31 de octubre diciendo que establecer un porcentaje
máximo no es cumplir la sentencia. Pero
es que, además, ya las sentencias indicaban que el cumplimiento del
mandato de la LOE no tenía porqué reflejarse forzosamente en las
Ordenes de escolarización, sino que podía realizarse de forma
independiente.
Por ello, además de la
pintoresca declaración de que la publicación de las adjudicaciones
de los servicios provinciales en los tablones de anuncios de los
centros completará el procedimiento de ejecución de sentencia, en
nuestra opinión dicha orden debería ser anulada por el Tribunal, y
así lo hemos solicitado al mismo ya que lejos de lo que anuncia su
título, pretende un cumplimiento puramente formal que puede
traducirse en una inejecución indirecta.
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