Los informes aportados por el Gobierno de Aragón, lejos de acreditar el cumplimiento, vienen a constatar el incumplimiento continuado del fallo de la sentencia 574 de 28 de Noviembre de 2014 (también la 582).
No se ha fijado, según lo expuesto expresamente por el fallo, " la proporción concreta de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que han de escolarizarse en cada uno de los centros educativos públicos y privados concertados".
Tampoco se han adoptado las medidas que deben acompañar a esta fijación, "para asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades".
Tal y como abundamos en extenso en nuestro escrito en solicitud de ejecución, el reiteradamente citado art. 37.3 del Decreto 30/2016 no da, evidentemente, cumplimiento a las sentencias, y la Orden ECD/281/2016 de 6 de abril de 2016 de escolarización (BOA 8 de abril de 2016) las incumple directamente, y así hasta esta fecha.
Por todo ello hemos solicitado que se disponga la nulidad de la Orden ECD/281/2016 de escolarización, y se acuerde la ejecución forzosa de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 574, de 28 de noviembre de 2014, por la que se resolvió el recurso contencioso administrativo 448/2011; obligando a la Administración, mediante los medios que la ley habilita, a que la cumpla en sus íntegros términos y en conexión con sus fundamentos de derecho y la finalidad perseguida.
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