Con estos cambios el Gobierno de Aragón busca garantizar la igualdad en el acceso a la educación.
Estos cambios no responden solamente a la propia voluntad del nuevo Ejecutivo, sino que también están impulsados por el acatamiento de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se daba la razón a la Amypa del Colegio Pío XII de Huesca, y se condenaba a la Administración por no llevar a cabo una adecuada distribución en los centros escolares de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
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