La Comunidad Educativa del Colegio Pío XII (AMYPA, PROFESORADO, PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EN EL CENTRO Y EQUIPO DIRECTIVO) en defensa de los intereses educativos del alumnado y en exigencia del cumplimiento del derecho ciudadano a una educación pública de calidad en condiciones de igualdad, comparece ante la opinión pública para informar y denunciar que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se han eliminado del registro oficial la calificación de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) a 34 alumnos y alumnas del centro. Esta modificación se ha realizado sin previo aviso, sin autorización del centro, y en contra de la decisión de las profesionales del equipo de orientación que trabajan en él. Esto significa que desde el 14 de junio, día en que se suprime la condición de ACNEAE, estos alumnos y alumnas dejan de tener derecho a recibir los apoyos y las medidas específicas de intervención que les proporcione una respuesta educativa adecuada para el desarrollo de sus capacidades.
Un alumno presenta necesidad específica de apoyo educativo cuando así se determina como resultado de una evaluación psicopedagógica realizada por las profesionales del equipo de orientación del centro. Durante el curso escolar se han ido realizando este tipo de evaluaciones cuando el profesorado ha detectado que un alumno o alumna tiene dificultades de aprendizaje. Dicha evaluación se expresa en un informe psicopedagógico que únicamente el centro debe consignar en un sistema informático denominado GIR (Gestión Integral en Red). Este sistema es el que proporciona datos tan importantes como el tipo y el grado de la necesidad así como las medidas de apoyo; también informa del número y porcentaje de ACNEAE por centro.
Al parecer, los datos de alumnado con necesidad de apoyo que aparecen en el GIR sobre el colegio Pío XII son tan elevados que resultan insoportables para nuestros gobernantes. Más aún cuando estos días han tenido que demostrar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que han cumplido con su deber de garantizar una distribución equilibrada de alumnado ACNEAE. Para ello, han optado por la estrategia de “muerto el perro, se acabó la rabia”: de manera unilateral se suprimen del GIR a 34 alumnos y alumnas con necesidad de apoyo. El resultado es que el porcentaje de ACNEAE en el centro cae hasta unas cifras asumibles pero se falsea la realidad. Y es que se olvida con facilidad que el fin de una distribución equilibrada es garantizar la cohesión social y el derecho a una educación de calidad sin distinción.
Este hecho no tiene precedentes conocidos pues se trata de una manipulación de datos que afectan a menores donde no hay explicación ni argumentación, ni cita de norma que lo ampare, ni firma del autor que se responsabiliza del acto y se hace con total desconocimiento de las familias de las alumnas y alumnos perjudicados. Cabe resaltar que hasta donde se conoce -y así se funciona en la práctica desde 2003- la gestión del GIR recae en el centro educativo y por extensión, en el responsable último del centro: el director-a. Pero si fuera así, un acto administrativo de esa transcendencia exige cuanto menos la firma de un responsable, la adecuada motivación y la información a las familias afectadas que permita a la simple ciudadanía tratar de entenderlo.
Por todo ello, queremos trasladar a la opinión pública nuestra tristeza porque la Administración Educativa no cumple, a nuestro juicio, con el artículo 103 de la Constitución Española cuando le asigna el servir con objetividad los intereses generales con sometimiento a la ley y el derecho. Y nuestra honda tristeza al comprobar que la Constitución sigue sin garantizar la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Mientras tanto, día a día, seguimos comprobando que hacer efectivo el derecho de todas las personas a una educación pública, de verdad pública y de verdad educación, no es la prioridad de esta Administración.
Un alumno presenta necesidad específica de apoyo educativo cuando así se determina como resultado de una evaluación psicopedagógica realizada por las profesionales del equipo de orientación del centro. Durante el curso escolar se han ido realizando este tipo de evaluaciones cuando el profesorado ha detectado que un alumno o alumna tiene dificultades de aprendizaje. Dicha evaluación se expresa en un informe psicopedagógico que únicamente el centro debe consignar en un sistema informático denominado GIR (Gestión Integral en Red). Este sistema es el que proporciona datos tan importantes como el tipo y el grado de la necesidad así como las medidas de apoyo; también informa del número y porcentaje de ACNEAE por centro.
Al parecer, los datos de alumnado con necesidad de apoyo que aparecen en el GIR sobre el colegio Pío XII son tan elevados que resultan insoportables para nuestros gobernantes. Más aún cuando estos días han tenido que demostrar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que han cumplido con su deber de garantizar una distribución equilibrada de alumnado ACNEAE. Para ello, han optado por la estrategia de “muerto el perro, se acabó la rabia”: de manera unilateral se suprimen del GIR a 34 alumnos y alumnas con necesidad de apoyo. El resultado es que el porcentaje de ACNEAE en el centro cae hasta unas cifras asumibles pero se falsea la realidad. Y es que se olvida con facilidad que el fin de una distribución equilibrada es garantizar la cohesión social y el derecho a una educación de calidad sin distinción.
Este hecho no tiene precedentes conocidos pues se trata de una manipulación de datos que afectan a menores donde no hay explicación ni argumentación, ni cita de norma que lo ampare, ni firma del autor que se responsabiliza del acto y se hace con total desconocimiento de las familias de las alumnas y alumnos perjudicados. Cabe resaltar que hasta donde se conoce -y así se funciona en la práctica desde 2003- la gestión del GIR recae en el centro educativo y por extensión, en el responsable último del centro: el director-a. Pero si fuera así, un acto administrativo de esa transcendencia exige cuanto menos la firma de un responsable, la adecuada motivación y la información a las familias afectadas que permita a la simple ciudadanía tratar de entenderlo.
Por todo ello, queremos trasladar a la opinión pública nuestra tristeza porque la Administración Educativa no cumple, a nuestro juicio, con el artículo 103 de la Constitución Española cuando le asigna el servir con objetividad los intereses generales con sometimiento a la ley y el derecho. Y nuestra honda tristeza al comprobar que la Constitución sigue sin garantizar la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Mientras tanto, día a día, seguimos comprobando que hacer efectivo el derecho de todas las personas a una educación pública, de verdad pública y de verdad educación, no es la prioridad de esta Administración.
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